La Ley de Seguridad Ciudadana llega al Congreso con todos los partidos de la oposición en contra

La Plataforma No Somos Delito alerta del avance en el desarrollo de la nueva normativa y reúne más de 250.000 firmas para pedir su retirada.

Acto de protesta de Amnistía Internacional contra la “ley mordaza” el 29 de abril. / Eliezer Sánchez / DISO Press

Diagonal

La Ley de Seguridad Ciudadana, o Ley Mordaza, será debatida el próximo jueves, 16 de octubre, en el Congreso de los Diputados. La reforma de la ley sigue su avance después de que el pasado martes se acabara el plazo para presentar enmiendas y de que todos los partidos de la oposición pidieran que se retirara el proyecto.

Desde la Plataforma No Somos Delito, formada por más de 70 organizaciones civiles han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para pedir la retirada del proyecto de ley. En las primeras 24 horas más de 135.000 han firmado la campaña, que, hasta el momento, supera las 252.000 firmas.

La plataforma señala que, en contra de la justificación realizada desde el Ministerio de Interior para poner en marcha la nueva normativa, centrada en la prevención de la comisión de delitos, el índice de criminalidad en el Estado español se sitúa entre los más bajos de la Unión Europea y, según muestra el último Balance de Criminalidad publicado por el propio Ministerio de Interior, las cifras de infracciones penales registradas en 2014 han bajado en un 7% respecto a 2013.

No somos Delito denuncia que uno de los objetivos de la nueva ley es el de amordazar las protestas sociales, castigando como infracciones muy graves la celebración de reuniones o manifestaciones no comunicadas en instalaciones en las que se presten servicios básicos, o como infracción grave el desarrollo de protestas no comunicadas que perturben de la seguridad ciudadana en las inmediaciones del Senado, Congreso o frente a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. La plataforma también subraya que el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana “no es un hecho aislado”, sino que “ésta y otras leyes en proceso de modificación responden a un plan de ‘de-generación’ democrática impulsado por el actual gobierno en aras del vaciamiento de los derechos y libertades democráticas”.

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